La incidencia de los poderes públicos sobre la actividad económica de los mercados y, por consiguiente, sobre su funcionamiento competitivo, resulta indiscutible, tanto cuando los mismos ejercitan las funciones regulatorias y ejecutivas que tienen legalmente encomendadas como cuando directamente desarrollan una actividad económica en el mercado. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho de la competencia se plantea el dilema razonable si dichas actuaciones públicas son punibles cuando las mismas son realizadas propiamente en ejercicio de prerrogativas públicas y no en calidad de operador económico. A la vista de precedentes españoles y comunitarios más significativos y de las últimas resoluciones de la CNMC recaídas en expedientes sobre licitaciones públicas, este trabajo constituye una humilde respuesta a esta importante cuestión, atendiendo al fundamento y finalidad del derecho de la competencia y a los principios de legalidad y proporcionalidad que deben inspirar toda actuación sancionadora.
Abstract
The impact of public powers on the competitive functioning of the markets is undoubted, when they act in the exercise of official authority and when they carry on economic activities of an industrial or commercial nature by offering goods or services on the market as well. Nevertheless, from the competition law perspective, the dilemma arises at to whether those public activities can be sanctioned or not when they form part of the essential functions of the public authority. In light of the European and Spanish case law and the most recent CNMC’s decisions on public procurement cases, this paper is a humble answer to this relevant question, considering the legal basis and main objectives of competition rules and the principles of legality and proportionality of any sanctioning power.
