Este trabajo reflexiona sobre el régimen jurídico de la prohibición de contratar por falseamiento de la competencia a propósito de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado por primera vez en 2019 remitir sus resoluciones sancionadoras a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE) para que esta fijesu duración y alcance. Se defiende que, a la luz dela reciente jurisprudencia del TJUE, es importante primar su naturaleza preventiva sobre la sancionadora. Asimismo, se argumenta sobre la necesaria intervención de la CNMC en el procedimiento ad hoc frente a la JCCPE mediante la emisión de un informe que permita valorar la proporcionalidad de la prohibición de contratar con otros intereses públicos en juego y la concurrencia de los requisitos de exención de la prohibición de contratar previstos legalmente, en particular, la colaboración con la autoridad investigadora y las medidas correctoras de la infracción cometida.
Abstract
This work reflects on the legal regime of the ground for exclusion of public procurement of infringers of competition law, since the Spanish Competition Authority (CNMC) has agreed to refer its resolutions to the Public Procurement Advisory Board (JCCPE) for the first time in 2019.It argues that, in light of the recent case law of the CJEU, the preventive nature prevails over its punitive nature. Likewise, the ad hoc procedure before the JCCPE requires the intervention of the CNMC by issuing a report that allows assessing the proportionality of the measure with other public interests at stake and the evaluation of the self-cleaning measures.
